Excarcelaciones y democracia

Abolida la pena de muerte, descartada la cadena perpetua, limitado el cumplimiento de condenas a 30 años de cárcel, cumplida la sanción impuesta por los tribunales correspondientes, según el Estado de Derecho, los reos deben ser puestos en libertad. Sea Parot, Troitiño o su porquero. Y ello, pese al escándalo, al dolor, a la incomprensión. ¿O hay quien insinúa, quien proclama, quien defiende el uso de la cal viva judicial?

"La obligación de un fiscal o simplemente de una persona de bien no es buscar la jurisprudencia sino la jurisdecencia. No queremos fiscales jurisprudentes sino jurisdecentes", escribe Jiménez Losantos, en El Mundo (de pago), sobre el pronunciamiento de los 20 fiscales del Tribunal Supremo a favor de la acumulación de penas.

"La acumulación de penas es una cesión más a ETA", dice Mariano Rajoy. Y Zaplana: "En materia de terrorismo, es mejor pasarse que no llegar para que los terroristas sientan que pasarán el mayor tiempo posible en la cárcel".

Cuenta hoy El Periódico de Cataluña: "El Código Penal, vigente desde 1996, ha puesto fin a los beneficios penitenciarios, pero sólo se puede aplicar a los delitos cometidos desde esa fecha". "El Gobierno de José María Aznar excarceló desde 1998 hasta el 2004 a 60 etarras que habían sido condenados a más de 30 años de prisión". El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, eleva las excarcelaciones del PP a 311. (El País.es).

En este diario -versión impresa-, el fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, que fuera uno de los indomables tan queridos a la estrategia popular del 93 y encargado de estudiar las refundaciones de condenas de los terroristas, exclama: "¿Pero qué le pasa a la prensa con este asunto?" A su entender, se trata de cuestiones de legalidad ordinaria y no ha habido ningún cambio de criterio en la Fiscalía de la Audiencia sobre este asunto. "Salvo que se cambie la ley hay que  concederla [la refundación de penas] a todos los delincuentes, sean terroristas de ETA o narcotraficantes", dice el fiscal Enrique Molina.

Y en medio del vocerío, la clamorosa voz -con escasa presencia en los medios: apenas un suelto en el Diario de Sevilla- del general saliente de la IV zona de la Guardia Civil, José Píriz González, en su despedida: "Debemos ser respetuosos con la justicia", tendrán que ser los tribunales los que se pronuncien sobre la libertad de Henri Parot, el etarra que fue detenido cerca de Sevilla conduciendo un coche bomba con el que iba a volar la antigua Jefatura de Policía de la Gavidia. Añade el general, que vivió el asesinato del concejal Jiménez Becerril y su esposa, pero también la desarticulación del comando Andalucía: "Nuestra función es trabajar contra esa lacra que es el terrorismo y contra cualquier actividad delictiva".

Última hora: El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha acordado el procesamiento del preso etarra Henri Parot por los delitos de pertenencia a ETA y conspiración para el asesinato en relación con una carta escrita en la cárcel en la que proponía la comisión de nuevos atentados. Este procedimiento judicial podría acarrear una condena para Parot, lo que retrasaría su excarcelación. Eso es, con la ley, lejos de la cal. De cualquier tipo de cal.