"El largo y tortuoso calvario"

Así ha calificado la Audiencia Provincial de Sevilla el caso de Iván y Sara, cuya historia ha salpicado la actualidad sevillana de los últimos diez años, sin que esto que llamamos periodismo haya sido capaz siquiera de mostrar el drama más allá de los vericuetos judiciales. Y no podemos decir: no sabíamos. Porque a cada poco nos golpeaban las decisiones procesales, el ir y venir de normas, autos y sentencias. Hasta el (pen)último de ayer, que pone orden en medio del dramático desbarajuste en que han podido convertir, unos y otros, la vida de dos niños, ya para siempre sin infancia.

En septiembre de 1996, la Junta de Andalucía declara la situación de desamparo de los dos niños, de 4 y 5 años. Su madre, Carmen Fernández, es alcohólica. Varios meses después se rehabilita y no vuelve a beber. Para entonces sus hijos habían sido entregados en acogimiento preadoptivo a una familia de Dos Hermanas (Sevilla). El juez de Familia Francisco Serrano también había ratificado el desamparo.

Junio de 2000. La Audiencia Provincial de Sevilla revoca el desamparo y acuerda el regreso de Iván y Sara con su madre biológica. El juez de Familia lo desaconseja, pero admite un acercamiento progresivo de los niños con su madre. Mayo de 2002, el Tribunal Constitucional anula las sentencias de la Audiencia sevillana y, por primera vez, establece que los padres de acogida deben ser escuchados como parte en un procedimiento de menores.. Diciembre de 2002, la Audiencia de Sevilla sentencia que es de imposible cumplimiento  la vuelta con la madre biológica y ordena abrir un proceso para indemnizar  a la madre. Enero de 2004, Carmen Fernández demanda al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía y reclama más dos millones de euros. Septiembre de 2004, Sara Fernández, ya con 13 años, decide volver con su madre biológica. Su hermano Iván sigue con la familia de acogida. Marzo de 2005, el juez de Familia condena a la Junta a pagar a la mujer 72.670 euros. Es la primera sentencia que reconoce el derecho de una madre a recibir una indemnización. (Cronología del Diario de Sevilla).

La Junta de Andalucía recurre para rebajar la cifra -lo que el tribunal entiende ahora como un reconocimiento del error-. También la mujer. Ahora la Audiencia de Sevilla eleva la indemnización a 1,4 millones de euros y critica con dureza las actuaciones de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad y del juez de Familia, porque durante diez años han "ignorado y pisoteado" los derechos de los niños y su madre. El Gobierno regional debería pagar y dejarse de recursos y papeleos insultantes. Alguien debería pedirle responsabilidades al juez Serrano, que hoy se jacta de que el Supremo siempre le ha dado la razón en casos anteriores. Y sólo cabe esperar que los tres damnificados puedan rehacer sus vidas si no han conseguido destruírselas un puñado de leguleyos, psicólogos y burócratas.