Intereses en la AVT

Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, asesinado por ETA en Granada el 9 de octubre de 2000, publica un artículo, "Calumnia que algo queda", en ABC. Éste es un extracto [vía Periodistaa 21]:

"Como ex miembro que soy de esa junta directiva [se refiere a la Asociación de Víctimas del Terrorismo], discrepo de muchas de las actuaciones de José Alcaraz, que antepone claramente intereses y actitudes personales al interés general de la asociación. No se puede utilizar la AVT para hacer partidismo cuando sus Estatutos lo prohíben expresamente. Es éticamente inaceptable que Alcaraz tenga a su esposa de responsable de los departamentos jurídico y social de la AVT y de presidenta de una asociación jienense de víctimas del terrorismo. Y es definitivamente un escándalo y contrario a los actuales Estatutos de la AVT que el actual jefe de prensa de la AVT, hijo de Gotzone Mora, sea militante de un partido político y tenga un contrato blindado por el que cobra aproximadamente 3.000 euros mensuales. Es escandaloso que Alcaraz haya mentido a los oyentes de bien de la cadena Cope para recaudar 560.000 euros para la AVT, aduciendo que el Gobierno había denegado arbitrariamente durante este año subvenciones del Ministerio de Trabajo (Alcaraz sabe que, con arreglo a la ley vigente, no se podía subvencionar a la AVT por tener aún pendiente de justificar las subvenciones de los años 2001 y 2002). Es, igualmente, un verdadero disparate que Alcaraz haya confundido las prioridades de la AVT, luchando y disparando más contra el Gobierno que contra los terroristas de ETA, contribuyendo así a polarizar todavía más el ya de por sí enconado debate político sobre la política antiterrorista. A las manifestaciones de la AVT no les ha faltado razón, pero resulta descabellado que Alcaraz haya descuidado la atención a las víctimas del terrorismo y la lucha en los tribunales de justicia contra ETA y todo su entramado, gastándose mucho más en esas concentraciones y manifestaciones contra el Gobierno que en programas de asistencia social o jurídica".