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SOLLOÍNA

La metáfora del socavón

La metáfora del socavón Ha sido un susto modesto. Nada que ver con el Carmel de Barcelona. Las obras del Metro de Sevilla se han visto retrasadas por un socavón de 40 centímetros que por ahora no parece afectar a los edificios del barrio de Los Remedios. Tras los ordinarios compromisos de primar la seguridad, la mayor preocupación se centra en que la zona es clave para el acceso a la Feria de Abril, que comienza el martes próximo.
El alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, (en la foto) se ha dejado de metáforas esta vez y ofrece seguridad y vigilancia. Menos mal. Cuando no le quedó otra que reconocer el pago de las facturas falsas por parte del Ayuntamiento que gobierna en coalición con IU, aún engañado -según disculpa-, quisó minimizarlo con una larga cambiada, en términos taurinos. "No es un cáncer, sino un esgince". Dijo. Pero la metástasi no se detiene y la torcedura deriva en gangrena por todo el cuerpo municipal. Ya dice alguien que el uso de la metáfora tiene su origen en la enfermedad.
El hundimiento de la calzada es un trasunto de la política sevillana y andaluza, lastrada otra vez por disputas guerracivilistas. El PP vuelve al manido lema de "paro, despilfarro y corrupción" para regresar a la feroz batalla del trienio 93-96 en el dudoso convencimiento de que ésta es la fórmula para desalojar al todopoderoso PSOE de las instituciones autonómicas. La política de la crispación salvaje, del enfrentamiento radical, de las acusaciones permanentes. Sean o no ciertas, pero avaladas, cuando no jaleadas, en muchas ocasiones por los medios afines.
La última escenografía se la han repartido los dos grandes partidos en las últimas horas. Los populares han acudido a la Fiscalía General del Estado para solicitar que la Fiscalía Anticorrupción investigue el caso de las facturas y una operación urbanística de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) en la que participan dos sobrinos de Felipe González. Los socialistas han anunciado que hoy mismo demandarán en la fiscalía sevillana al presidente del PP andaluz, Javier Arenas, y a la concejal andalucista, Paola Vivanco, por sus acusaciones de corrupción generalizada.
Este ambiente tan espeso se une a uno de los episodios más lamentables de lo que va de legislatura, protagonizado por la emergente diputada malagueña de los populares, Esperanza Oña, que amparada en la impunidad parlamentaria trató de vincular a la ex delegada municipal de Hacienda en Sevilla y actual consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, con las facturas misteriosas. Al negarlo la aludida, Oña cayó en la marmita de la egolatría política y la acusó de tener enchufados en la Junta a dos hermanos. Con una pregunta retórica, claro. (El tortuoso sistema de búsqueda del Diario de sesiones me impide ofrecer las palabras exactas. Quede el enlace para buceadores más animosos y con más tiempo). La irrefutable prueba de la diputada popular era un listado de funcionarios públicos en el que figuran dos personas con los mismos apellidos que la consejera, Naranjo Márquez. (La capacidad de trabajo y la seriedad del parlamentarismo andaluz no alcanzan siquiera a revisar un simple listado fácilmente comprobable. Ya puesta, pudo relacionarla con González). La interpelada asevera que sólo una de sus hermanas es secretaria del Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla desde hace… diez años, y exige a la diputada popular una rectificación pública porque de lo contrario irá a los tribunales. No parece que Oña esté dispuesta a ceder y mientras sus compañeros la apoyan sin fisuras (para atrás ni a coger impulso), desde el PSOE y la Junta de Andalucía le reclaman que abandone el escaño por la falsa acusación, como hiciera Centeno, el socialista del comentario xenófobo.
Todos parecen dispuestos a seguir. Sin tregua. Y sin respeto a los ciudadanos. Que pagan las facturas y las denuncias. Incluso cuando ambas son falsas.
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