Con dinero ajeno
No recuerdo dónde -quizá en Mangallous- leí hace unos días que la lucha de clases de estos tiempos enfrenta a los funcionarios públicos con quienes no lo son. También compruebo a diario que muchas de las normas de avance social (como las que tratan de conciliar la vida laboral y familiar, tan de moda, o la jornada laboral de 35 horas) sólo terminan aplicándose en administraciones y organismos oficiales y prácticamente nunca en las empresas privadas. El liberalismo económico no deja de ser un proceso acumulativo de riqueza de aquellos que ya son ricos, pero sus alternativas no pueden girar en torno al apoltronamiento de las burocracias clientelares, tan queridas a cierta izquierda y, sobre todo, a ciertos partidos, que trasladan sus vicios a las instituciones.La (pen)última viene del Parlamento andaluz, que ha aparcado su habitual crispación para acordar un premio de jubilación de 36.060,73 euros -seis millones de pesetas- para los funcionarios de la Cámara con diez años de servicio que lo dejen al cumplir los 65 años de edad con el objetivo de "incentivar la no prolongación de la jubilación y facilitar el acceso de nuevas generaciones a la función pública parlamentaria". El acuerdo lo adoptó la Mesa el pasado día 18 y ha permanecido oculto hasta que Europa Press lo divulgó ayer. Asegura la agencia, citando fuentes de la Cámara, que otros siete parlamentos autonómicos tienen premios similares para sus empleados. Son Madrid, Islas Baleares, Canarias, Extremadura, Cataluña, Castilla y León y Cantabria.
¿En qué empresa pública o privada hay prebendas similares? ¿Cómo defender lo público, los impuestos, la redistribución de rentas, la política? La autonomía pretendía aproximar la administración a los ciudadanos, no esquilmarlos a beneficio de funcionarios de por vida y diputados altaneros.
(Foto: María del Mar Moreno, presidenta del Parlamento, el último 28 F, Día de Andalucía)
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jesúsb -