La Audiencia Nacional, con Couso

La concentración semanal ante la embajada de Estados Unidos en Madrid en memoria del cámara de Telecinco, José Couso, fallecido en Bagdad en una acción de tropas norteamericanas el 8 de abril de 2003, ha celebrado esta tarde la certeza de que al menos la Justicia española tratará de esclarecer el caso. La protesta ha coincidido con el anuncio de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cursará a los Estados Unidos una comisión rogatoria para interrogar a tres mandos militares implicados en el ataque de un tanque al hotel Palestina, donde se alojaban la mayoría de los periodistas que cubrían la guerra, y que causó la muerte de Couso. El disparo mató también al cámara ucranio de la agencia Reuters Taras Protsyuk. Periodistas españoles que residían en el edificio en el momento de los hechos han declarado ante el juez que fue un acto premeditado.

Según relata El Mundo.es, el juez Pedraz ha aceptado practicar una de las diligencias que le solicitó la semana pasada la acusación ejercida por la asociación Reporteros sin Fronteras. Le imputa un delito contra la comunidad internacional al sargento Thomas Gibson (el tanquista que disparó), al capitán Philip Wolford (el superior que autorizó el disparo) y el teniente coronel Philip de Camp (quien ordenó la acción contra el hotel Palestina).

Fuentes jurídicas indican que el magistrado ofrecerá a las autoridades norteamericanas la posibilidad de que los tres militares se desplacen a España o en su defecto viajar él mismo a Estados Unidos para tomarles declaración. Tras conocer la decisión del juez de la Audiencia Nacional, una fuente del Departamento de Estado norteamericano sin identificar citada por la agencia británica Reuters aseguró que "llegará un día muy, muy frío en el infierno antes de que eso ocurra". Un informe del Pentágono sobre el incidente concluyó en su día que las fuerzas estadounidenses no cometieron "falta o negligencia".

Los familiares de Couso y el Colectivo de Hermanos, Amigos y Compañeros volverán en breve a Estados Unidos para denunciar su muerte ante representantes del Congreso y del Senado, asociaciones cívicas y medios de comunicación, como ya hicieron del 16 de marzo al 9 de abril. Desde entonces, políticos y grupos ciudadanos han presionado en las instituciones norteamericanas para debatir y analizar el caso, al menos.