Tribulaciones de un Estatuto

El Estatuto del Periodista Profesional, que debate el Congreso de los Diputados y que glosamos aquí, ha sufrido hoy un ataque frontal que puede dejarle malherido. A los pronunciamientos de ABC y El Mundo, se ha sumado hoy El País, el referente gubernamental, con un editorial, Periodistas, muy crítico con la propuesta de regulación presentada por Izquierda Unida. No me interesa tanto la posición en contra del principal periódico de España, por ventas e influencia. Siempre ha rechazado cualquier tipo de control, mediación, titulación y demás intentos de influir en la actividad empresarial del medio, bajo el manipulable paragüas de la libertad de prensa o de información, que no es lo mismo. Es lógico, los propietarios quieren contar lo que les plazca o les convenga a sus variados intereses económicos y comerciales, utilizar los tipos de contrato que quieran, potenciar las enormes posibilidades que les abre la figura del obrero autónomo, convocar el número adecuado de becarios gratuitos que cubran las ruedas de prensa necesarias. ¿Cómo no iba El País a invocar sus derechos inalienables si no deja de ser, en el mejor de los días, un diario liberal, por más que la atalaya ultra le tilde de irredento comunista, que ya es decir?. Así lo deja de claro el editorial del que hablo: "Los redactores del proyecto de ley han soslayado en su inspiración los modelos liberales que mejor funcionan, especialmente el del Reino Unido, que se basa en la autorregulación de los periodistas, la responsabilidad de las empresas, la aplicación en su caso de la legislación civil, penal o laboral y la ausencia de intromisión de los poderes públicos. En lugar de todo ello, el proyecto español opta por un intervencionismo de hechuras rancias, cuyo regusto autoritario no puede más que preocupar a cualquiera que considere que el periodismo en libertad constituye la piedra de toque de la calidad de una democracia".  

Seamos honrados. En España ni es ni ha sido ni parece que será posible la manoseada y ansiada autorregulación, ni las empresas de comunicación tienen el mínimo sentido de la responsabilidad, ni hay quien tenga lo que hay que tener para llevar ante la justicia a tanto depredador, manipulador y aprovechado: el riesgo es excesivo. Por eso, la profesión periodística no tiene asidero en códigos penales o civiles o laborales. Por eso, lo que más me interesa del texto de El País es la trágica radiografía que hace de este trabajo en nuestro país, sin que aporte ungüento en forma de soluciones, aun precarias:

"A pocos observadores atentos se les escapará que el periodismo atraviesa en España uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La lista de males no es corta: quiebra de la deontología profesional; manipulación de la información para someterla a intereses espurios; falta de transparencia de muchos medios sobre su estructura o su ideario y fragilidad laboral de amplios sectores profesionales. Todo ello ha cristalizado en una preocupante indefensión de los ciudadanos ante los abusos de algunos medios. Unos abusos que, en demasiadas ocasiones, derivan llana y simplemente en corrupción. (...)  Nadie niega que los problemas existen y que alcanzan por igual a los periodistas, cuyo prestigio se ve salpicado por las malas prácticas de algunos de ellos, y a los lectores, que asisten con creciente estupefacción a la deriva en la que se ha embarcado un reducido grupúsculo de medios en España, tanto de radio y prensa escrita como, pese a su juventud, también de Internet. Con todo, el proyecto de Estatuto del Periodista que debate la Comisión Constitucional del Congreso constituye la peor solución posible que cabía imaginar. Otros países de nuestro entorno viven también, o han concluido ya, procesos de regulación semejantes. Casi siempre con vivas polémicas que, no obstante, no han alcanzado el nivel de ruido del caso español, correlato exacto de la amalgama de insultos, infamias, intromisiones en la intimidad, amarillismo o confusión entre información y opinión que diariamente trata de pasar por periodismo de calidad en los quioscos y las ondas de este país. Traspasar el amplísimo territorio de la opinión para adentrarse resueltamente en los pantanos de la desestabilización de las instituciones democráticas constituye otra peculiaridad española que no tiene parangón en el resto de Europa, y en cuya práctica destaca, de forma paradigmática, la emisora radiofónica de los obispos".

Es un diagnóstico aterrador. No sólo el Congreso de los Diputados, sino las Fuerzas de Seguridad deberían intervenir ante semejante panorama. Ya no es sólo la imposibilidad de que Prisa y Cope, y lo que mueven y significan, -por poner un ejemplo obvio- se sienten a autorregularse, sino que unos llaman a otros golpistas (no seré yo quien lo niegue). Sea como fuere, el paisanaje descrito da miedo; tanto que no parece lo peor una regulación (timorata en unos casos, inapropiada en otros) de la profesión periodística.

De nada de ésto, por cierto, dice nada el presidente de Reporteros sin Fronteras, Fernando Castelló, en su artículo de hoy en ABC, Contra la libertad de prensa, también contra el Estatuto, que vincula con Cuba y Venezuela para reforzar sus descalificaciones. ¿Habla Castelló a título individual o en nombre de tan respetable organización en un caso que tanto divide a los periodistas españoles?  Todavía recuerdo las acusaciones de Luis María Ansón, entonces director de ABC, contra la creación del Comité de Redacción de El País, en junio de 1980. Denunciaba la sovietización del periódico, el riesgo de estalinismo. Avanzamos poco en materia de espantajos. También es llamativo que muchos de los que tanto denigran, por autoritario, la expedición de un carné de periodista aceptaran, sumisos, durante décadas que el dictador Franco tuviera el número uno de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España.

El Estatuto tiene lagunas, es mejorable, incluso puede ser rechazable. Pero es un primer paso. Sólo con el debate abierto, ya es un éxito. Máxime entre tanto empresario pirata y oscurantista, y tanto periodista en el alambre.