La campaña judicial

La derecha española está decidida a utilizar todos sus poderes -que son muchos y variados más allá del PP, su representación política- frente al Gobierno socialista: da igual el Estatut que la OPA de Gas Natural sobre Endesa, la ley que regula los matrimonios de gays y lesbianas o la de educación. Y no les ha bastado la calle. En su desafío, han lanzado a sus militares -del teniente general Mena al capitán González Calderón-, a sus intelectuales, agrupados muchos de ellos en la Faes de Aznar y ahora en la recién creada "Fundación para la Defensa de la Nación Española", promovida por el diputado vasco del Partido Popular, Santiago Abascal, y, lo que es más grave, a sus jueces.

La mayoría conservadora ha conseguido que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vote y apruebe un informe que considera inconstitucional el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña salido en su día del Parlament, sin tener en cuenta los acuerdos posteriores de Zapatero con CiU y las actuales negociaciones. El voto de su presidente, el singular Francisco Hernando, rompió el empate con los progresistas. Los magistrados conservadores del CGPJ también respaldaron un acuerdo en el que reta al Congreso de los Diputados a plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional si considera que algunos de sus informes interfieren en su labor legislativa. Seguro que no se refería a ésto Montesquieu cuando abogó por la muy necesaria separación de poderes.

Digo yo que sería más propio del Consejo General del Poder Judicial estar preocupado y buscar soluciones a la noticia de apertura de hoy de El País: "Los acusados del 11-M pueden salir de prisión antes del juicio por la lentitud del juez. Preocupación en la Audiencia porque Del Olmo no ha dictado aún auto de procesamiento".
 Pero ya tienen demostrado que el terrorismo también pertenece al ámbito de la conveniencia política.