El CAC y los "sospechosos habituales"

Pienso que los consejos audiovisuales tienen su razón de ser en un entramado radiotelevisivo como el español, tan dependiente de la Autoridad y su arbitraria y confusa legislación como de los intereses empresariales -y tantas veces de la mano una y otros. De ahí la obligada necesidad de que los miembros de los consejos (nacional y autonómicos)  sean independientes y prestigiosos y que sus nombramientos no respondan a las habituales cuotas de los parlamentos. Pero no ha sido así. En Andalucía la composición del CAA fue decidida por los partidos tras arduas negociaciones. Sus integrantes tienen padre político definido. Queda por ver si, como ya hacen los jueces del Consejo General del Poder Judicial, votarán consignas y no según hechos y convicciones. En Madrid, Esperanza Aguirre ha tomado la calle de enmiendo y ha aprobado la eliminación de su consejo.

El origen de muchos de los recelos está en el Consejo Audiovisual de Cataluña, que, como el Estatut, sirve de inspiración a otros. Ya es polémica la ley que lo regula, y que puede acabar en el Tribunal Constitucional, por intervencionista. Fue a más en su informe sobre las emisiones de la Cope, y no le faltó razón en sus conclusiones sobre las posiciones inconstitucionales de la cadena episcopal, aunque el cierre de emisoras sólo debe competer a los tribunales. Ahora establece unas "directrices y recomendaciones sobre la información relativa al referéndum sobre el Estatuto de Autonomía", con las que pretende controlar las noticias de los medios de comunciación sobre los que tiene competencias, los audiovisuales públicos autonómicos y locales y los privados con licencia otorgada por la Generalitat. El CAC pretende convertirse en garante de la objetividad y la imparcialidad de estas televisiones y radios, que están obligados a entregarle al consejo su plan de cobertura informativa diez días antes de la consulta.

Detalla El País el disparate: << Al dar explicaciones sobre el texto, [el consejero] Botella puso énfasis, por lo que hace a la información durante la campaña, en dos aspectos: la recomendación de que se dé "prioridad informativa al contenido de la norma", lo que consideró más importante que reflejar "las posiciones de las distintas fuerzas políticas" a propósito del Estatuto, y asegurar en los programas "la presencia de otras voces", exponentes de la sociedad civil, de sectores sociales y expertos. "Tenemos que salir del círculo estricto de los sospechosos habituales, entre los que se encuentran los grandes opinadores de Cataluña y los portavoces de los partidos", afirmó >>.