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SOLLOÍNA

Víctimas

No deberían consentir en sus filas las asociaciones de víctimas del terrorismo, o amparar en sus actos, la presencia de grupos ultras o propartidistas que incitan a la algarada, en la equívoca creencia de que la bulla crispada llevó a los socialistas al poder. (Ellos, los grupos, aspiran a reeditar viejas guerrillas del trienio negro, 1993-1996. Por ahora se quedan en francotiradores, contra las propias víctimas si lo consideran necesario, como ocurrió con Pilar Manjón). Tampoco deberían los partidos dar carta de naturaleza política a estas asociaciones. Sí atenderlas, ayudarlas, apoyarlas en lo que necesiten; a los damnificados primero, a los colectivos después. Pero no a sus postulados políticos. Porque no todos estaremos de acuerdo y podría quebrarse ese respaldo unánime que merecen, al alejar a miles de personas de su causa principal, la ayuda a las víctimas, el homenaje a su memoria. Es comprensible que el hijo o el padre de un asesinado por los terroristas de ETA, o de cualquier otra banda criminal, reclamen la pena de muerte. No lo es que lo asuma todo el grupo. Menos aún que quieran imponerlo.
Cuidado también el Gobierno y la Judicatura con aplicar un Derecho Penal de excepción, como lo ha llamado el consejero vasco de Justicia, a los presos etarras. Porque es reconocerles la excepcionalidad de su situación, aceptar que son la consecuencia de un conflicto político, cuando no son más que asesinos convictos y confesos, y como tales hay que tratarles.
Soy de los que piensan que algún tipo de diálogo tendrá que haber con alguien para finiquitar el terrorismo, aunque sólo sea para indicar el sitio en que deben dejar las armas. También necesitará alguna negociación la cuestión territorial. Digan lo que digan incluso reconocidos y apreciados intelectuales y políticos, el problema existe. Detesto el nacionalismo y me complace que en Andalucía sólo se reproduzca en las veleidades inconcretas del PA o en el pregón electoral del PSOE para introducir reformas técnicas en el Estatuto de Autonomía. Pero no hay un cierre constitucional en el País Vasco o Cataluña. Y el debate supera el centenario. Así que hay que intentar resolverlo -casi- del todo. O se concreta un gran pacto para configurar eso que llamamos España. O nos habituamos a padecer una tensión permanente con cambios periódicos al albur de las exigencias nacionalistas. O preparamos el alambre de espino y engrasamos los tanques. Porque hay quien no está a gusto en el actual ordenamiento, y ademásn son mayoría en sus territorios. Mientras, aplíquese la ley con absoluta firmeza, comenzando por esos etarras que están a punto de salir a la calle, atendamos a las víctimas con todo el cariño y la consideración, y fijemos las posiciones con claridad y democrática convicción.
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