La alegría de Macarena

Procedimiento habitual de los distritos del Ayuntamiento de Sevilla (gobernado por la coalición PSOE-IU) para adjudicar pequeñas obras públicas: se invita a tres empresas y se selecciona la que presenta un presupuesto más barato. En el caso de las facturas falsas pagadas por el distrito Macarena, que ha costado el puesto a un concejal y un jefe de área, las tres propuestas presentadas iban firmadas por el mismo empresario y reflejaban costes similares. El garabato a pie de documento era de José Pardo, militante socialista. Los medios socialdemócratas de la ciudad han aliviado la semana de pasión del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), quien en varias entrevistas ha negado que Pardo fuera su guardaespaldas o formara parte del equipo de seguridad de la campaña electoral socialista de las municipales últimas. Limita el asunto a irregularidades de poca monta, que achaca a la oicaresca más que a la corrupción, y se compromete a acabar con ambas, una vez eliminada -dice- la especulación urbanística -uno de los ejes de su mensaje frente a los andalucistas, que fueron sus anteriores socios de Gobierno. Sin citarlo ni, por supuesto, acusarlo, vincula el affaire con la gestión de Carmelo Gómez, un socialista defenestrado cuando el acelerador de sus ambiciones chocó con la realidad del partido. Gómez era jefe del distrito Macarena en 2001, la fecha en la que Pardo llegó a la zona. Todo el caso está en manos de la fiscalía, que ha unificado las entrecruzadas y dispersas denuncias.
Pero el alcalde de Sevilla advierte a posibles investigadores y afirma en El Correo de Andalucía que se detectarán más "errores" de pagos de facturas falsas por obras que no se hicieron en otros distritos de la ciudad. Para los andalucistas, ahora en la oposición, esta trase es un reconocimiento implícito de que hay "una trama de corrupción municipal". El Partido Popular, también opositor, habla de "corrupción generalizada". Los socialistas se defienden. Su máximo dirigente en Andalucía, Manuel Chaves, presidente de la Junta autonómica, ha salido la tarde pasada en defensa del alcalde y de la actuación del partido. El PSOE denuncia la gestión de los populares en la Zona Franca de Cádiz, otro caso bajo sospecha y judicializado, y amenazan con acudir a la fiscalía en Málaga, donde el equipo de Gobierno popular ha aprobado pagar 230.000 euros a un arquitecto por un informe adjudicado de manera directa, sin concurso público y pese a las advertencias de irregularidades indicadas por el interventor municipal.
Es el panorama político que ensombrece la reforma del Estatuto de Autonomía, las promesas de regeneración democrática, que incluye serios cambios en los medios públicos de comunicación (Canal Sur), y el necesario impulso de esa Segunda Modernización que más allá de la pomposidad de las palabras señala la adopción inaplazable e imprescindible de medidas que lleven a esta tierra hacia el desarrollo social, económico y tecnológico, y lejos de las tretas leguleyas de la corrupción, la manipulación y la intoxicación venenosa para lograr o mantener el Poder.