Boicot a "España directo"

Los trabajadores de TVE han tenido una mañana de mucho pasillo y alguna asamblea, como la celebrada en el centro territorial de Andalucía, con sede en Sevilla, ante la inminente emisión del programa España Directo, encargado por la dirección a la productora Mediapro, una de las más pujantes del sector que negocia la fusión con Globomedia. Al frente estarán Ricardo Medina, como director, y Luz Aldama, como subdirectora, ambos procedentes de Telemadrid, pionera en el formato hace 14 años ahora extendido a otras autonómicas como Canal Sur. La presentadora será una periodista de TVE, Pilar García Muñiz (en la foto).

La estrella de la programación veraniega del grupo público, que se estrena el miércoles, nace envuelta en polémica. Los empleados de la cadena (8.200 fijos y 600 contratados) amenazan con boicotearlo porque nunca antes una productora ha realizado un espacio informativo de la televisión estatal. Porque lo impide el estatuto de TVE. Pero la empresa juega al escondite: lo califica de magacín y lo oculta en el organigrama de Programas, aunque precisa que habrá una participación activa de la gente y los medios de la Casa, con cinco reportajes diarios. Lo ha dicho hoy en la presentación del programa Pablo Carrasco, director gerente de programación y contenidos fichado de Canal Sur.

El comité de empresa ha sido muy duro: es un grave riesgo para el empleo de los trabajadores y, especialmente, de sus centros territoriales, el anteproyecto de ley del Gobierno establece que estos espacios deben realizarse con personal y medios propios. Los sindicatos ya pidieron la suspensión del programa y alegaron, entre otros motivos, los bajos sueldos del personal de Mediapro. Esta compañía ha instalado despachos en dependencias de los Centros Territoriales de Canarias, Barcelona, Bilabao, Valencia, A Coruña, Sevilla y Málaga. En el Centro sevillano se han producido roces esta misma mañana entre los empleados de TVE y los miembros de la productora. Los primeros no quieren compartir las instalaciones con quienes saben que son una amenaza para su puesto de trabajo. Un comunicado de la sección de UGT en TVE-A asegura que el director le ha reconocido al sindicato que los trabajadores pueden negarse a colaborar con Mediapro.

Y si a las cuentas nos remitimos, máxime en una sociedad en quiebra técnica con una deuda de 7.560 millones de euros que asumirá el Estado gracias a su reforma audiovisual, un estudio del comité de empresa de TVE Cataluña revela que la producción casera de "España Directo" supondría un gasto diario de 24.000 euros por los 62.000 previstos por la productora.

Desconozco los números, pero nadie puede negar que el espacio previsto, a poco que sea similar al "Andalucía Directo" que conozco, es estrictamente informativo. Más, las cadenas lo venden como tal frente a la telebasura de los clanes hispano-italianos que gobiernan Antena 3 y Telecinco. Distinto es si la estructura laboral de RTVE facilitaría la elaboración y emisión de un programa de estas características. Es más fácil, desde luego, encargarlo a una empresa privada que entrar a negociar en profundidad las condiciones de trabajo en la cadena pública -también lo sueldos-, la eliminación de sus burocracias obstruccionistas -incluidas las sindicales y directivas-, la rejuvenización de las plantillas, la recuparación de un espíritu periodístico y profesional laminado por gestiones políticas partidistas, interesadas y manipuladoras, más preocupadas por colocar y favorecer a los amigos del poder de cada momento que por abrir espacios a la gente de dentro.

Me cuesta entender la decisión de la directora general de RTVE, Carmen Caffarell, y su equipo, cuando se acaba de anunciar la nueva ley de la reforma del Ente público y se abren perspectivas de consolidación y cambios en principio razonables. Porque, para la televisión de calidad e independencia a la que aspiran, deben contar con los profesionales de la Casa. Son los que permanecen frente a tanto directivo pasajero.

En fin, otra escaramuza mediática a poco tiempo para que Canal Plus y Prisa tengan su televisión en abierto y entren de lleno en la guerra publicitaria, que ahí sí hay pesca, para deseperación de sus competidores, que amenazan con judicializar el asunto. Mientras, los operadores se ponen de acuerdo para exigir a Zapatero que la reforma llegue a las cadenas autonómicas, otros faros del poder, para que limiten su impacto económico. El político corresponde a la misma esfera, pero tiene otros protagonistas.

A ver en qué queda la España en Directo de Caffarell y ZP.