Por la transparencia parlamentaria

Diez periodistas andaluces, destacados cronistas políticos de los medios más influyentes de la comunidad, mantienen una pugna con el Parlamento regional para acceder a las cintas de grabación de las discusiones de la ponencia de la reforma del Estatuto de Autonomía. Encabezados por Lourdes Lucio, de El País, registraron su solicitud conjunta el pasado 30 de marzo. El 12 de abril el letrado mayor de la Cámara le envió una nota en la que dice que la Mesa del Parlamento conoció el escrito el 5 de abril y que había acordado posponer una decisión "hasta una próxima sesión". Más de dos meses después, no hay respuesta oficial.

Aquel texto recuerda que los miembros de la ponencia de la reforma decidieron el 9 de junio de 2005 la grabación en imagen y sonido de sus sesiones a partir de julio de ese año. "Estas cintas han sido esgrimidas en alguna ocasión por los señores y las señoras de la ponencia como fuente de certeza de los debates celebrados". Y cita intervenciones en este sentido del socialista Manuel Gracia, presidente de la ponencia, y de la diputada Concha Caballero, de Izquierda Unida: “¿Quiere que hablemos de los inmigrantes, de los debates que hemos tenido en la Ponencia de cómo los inmigrantes deberían tener acceso a todo tipo de servicios públicos, con su resistencia? ¿Quieren que hablemos de todo eso?”. También reproduce declaraciones de éstos y otros parlamentarios remiten a la Mesa para que decida sobre la divulgación de las cintas.  

Las bases para la petición están absolutamente legitimadas en estos argumentos: "Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo sus representantes han conformado su voluntad política y cómo se ha desarrollado la discusión en un asunto de especial trascendencia, como es la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin esperar a que el manto de los años cubra de polvo sus palabras. Los periodistas, como vehículo del derecho a la información de los ciudadanos, debemos acceder a esos datos sin filtros, intermediarios y restricciones, aprovechando además las innumerables ventajas que ofrecen los actuales sistemas de comunicación en la Red. Ninguna institución puede arrogarse el papel de custodio de la información, como si fuera patrimonio suyo, especialmente cuanto no afecta ni a la seguridad del Estado ni al derecho al honor de los miembros de la ponencia. Recordamos que fueron los ponentes los que decidieron grabar sus discusiones, una decisión que, a buen seguro, no ocultaba una aparente pose, sino la firme convicción de ser transparentes con la sociedad a la que representan". Lo firman periodistas de EFE y Europa Press, de la SER, RNE y Canal Sur, de El País, El Mundo, Diario de Sevilla y El Correo de Andalucía. (El Consejo Audiovisual y las Asociaciones de la Prensa están a sus labores, como siempre).

Ante la falta de respuesta, Lourdes Lucio ha optado por remitir un correo electrónico diario al jefe de prensa del Parlamento y al responsable de prensa de la Presidencia de la Cámara. En el primero, de 7 de junio, la periodista ruega que le faciliten "información concreta" sobre el asunto. Quiere saber la limitación temporal de la expresión "hasta una próxima sesión", utilizada por el letrado mayor. Y pregunta si creen necesario presentar otra iniciativa a través del artículo 66 del Reglamento para obtener la respuesta. En el cuarto mensaje, de ayer mismo, interroga de nuevo: "¿Acaso existe el limbo parlamentario?" y se consuela con que ese correo sirva "como recordatorio para aliviar lo que parece ser un caso de amnesia informativa".

Parece que sus señorías prefieren las tabernarias acusaciones de las ruedas de prensa y los mítines, que alimentan la creciente crispación en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, ahora en el Congreso, antes que desnudar en la plaza pública las íntimas verdades expuestas en la penumbra del despacho.